¿Qué es el Convenio de Aarhus y qué implica actualmente?

El Convenio de Aarhus, llamado así en honor a la ciudad danesa en la que se firmó, es un tratado internacional que regula el acceso del público a la información y a la justicia y su participación en la toma de decisiones en temas de medio ambiente. Fue elaborado dentro de la UNECE, es decir, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y rubricado el 25 de junio de 1998, aunque no entró en vigor hasta el mes de julio de 2001. Aquí queremos hablar de él en profundidad.

¿Qué países están adscritos al Convenio de Aarhus?

En primer lugar, los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Pero, además, hay otros 51 estados pertenecientes a Europa y a Asia Central que también han aceptado firmarlo. Sin embargo, un pequeño número de ellos aún no lo ha rubricado.

Pero, ¿qué queremos decir con rubricar? Por ejemplo, España se adhirió al Convenio de Aarhus el 15 de diciembre de 2004. A pesar de ello, hasta la publicación de la Ley 27/2006, de derechos de acceso a la justicia, la información y la participación pública en materia de medio ambiente casi dos años después, no se consideró rubricado.

Los tres pilares del Convenio de Aarhus

Primer derecho: el libre acceso a la información ambiental de los ciudadanos

El primero y el más importante ya que sin él no sería posible ejercer los otros dos derechos regulados en el Convenio de Aarhus. En concreto, recoge el libre acceso a la información en materia de medio ambiente de los ciudadanos de dos maneras:

• Acceso activo: las Administraciones Públicas estatales tienen la obligación de difundir todos aquellos datos e informaciones ambientales que posean y de elaborar informes de situación cada 4 años que revelen la situación del país en este sentido.
• Acceso pasivo: los ciudadanos tienen también la obligación de proporcionar a las Administraciones Públicas la información ambiental que les sea solicitada en el plazo de un mes desde su requerimiento.

Segundo derecho: la participación en la toma de decisiones en materia de medio ambiente

En concreto, en cuanto a la participación ciudadana en la cuestión ambiental, se regulan tres aspectos:

• Participación para la realización de actividades concretas que tengan que ver con el medio ambiente.
• Participación en el desarrollo de programas y planes de acción para la preservación del medio ambiente.
• Participación en la elaboración de reglamentos y normativas en materia medioambiental.

Tercer derecho: el acceso a la justicia medioambiental

Este es, con total seguridad, el derecho menos regulado dentro del Convenio de Aarhus, lo que se traduce en una mayor libertad de actuación de los estados firmantes. En líneas generales, trata de proporcionar una base jurídica para violaciones sufridas por los ciudadanos respecto a cualquiera de los dos derechos anteriores. Eso sí, cada país tiene la potestad de añadir requisitos y aspectos adicionales según su propia legislación.

Sin embargo, el Convenio de Aarhus fue revolucionario en materia de Derecho Internacional. ¿El motivo? Brindó la posibilidad desde el primer momento a los ciudadanos de denunciar cualquier incumplimiento que su país de origen y/o residencia realizase sobre lo especificado en él. Generalmente, en el Derecho Internacional, solo los estados pueden hacer esto.

Con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan denunciar cualquier irregularidad sobre lo especificado en el Convenio de Aarhus se creó, según lo dispuesto en su artículo 15, el Comité de Cumplimiento, cuya actuación se puede instar mediante:

• Denuncia de incumplimiento de una parte firmante a otra.
• Comunicaciones relativas al incumplimiento de un estado por parte del público. Puede ser un sujeto individual o una Organización No Gubernamental (ONG).
• Detalles de incumplimiento en la revisión de los informes enviados por los países cada 4 años.

¿Qué dice el convenio de Aarhus en materia de emisión de gases contaminantes?

Lo especificado al respecto aparece recogido en el Protocolo de Kiev. De hecho, este se firmó sobre la base del Convenio de Aarhus el 21 de mayo de 2003. Curiosamente, no hay obligatoriedad en que los adscritos al convenio firmen también dicho protocolo. En estos momentos, los 27 países de la Unión Europea, así como otros 37 estados adicionales, han firmado y ratificado ambos documentos.

Pero, ¿qué determina el Protocolo de Kiev? Fundamentalmente, obliga a los países a realizar registros relacionados con la emisión y la transferencia de los gases contaminantes que emiten sus industrias, sus servicios de transporte, etc. El propósito es el de facilitar el acceso del público a toda esa información medioambiental para que así puedan tomar conciencia, analizar la conducta de sus países y llevar a cabo las acciones que estimen oportunas dentro de la legalidad en caso de creerlo conveniente.

Estos registros se pueden elaborar gracias a que, dentro del Protocolo de Kiev integrado en el Convenio de Aarhus, se establece que las empresas privadas tienen la obligación indirecta de informar a sus gobiernos nacionales de la cantidad de gases contaminantes que emiten y transfieren según su actividad.

En definitiva, el Convenio de Aarhus fue un importante paso hacia adelante para conseguir que el gran público tomase conciencia de la relevancia de la cuestión ambiental de cara al futuro y les ofreció una herramienta de presión hacia sus países de origen y residencia para que cumpliesen a la hora de reducir las emisiones de gases contaminantes.